Las empresas mantendrán las subvenciones, mediante créditos, en las cotizaciones de formación por la enseñanza que den a sus trabajadores. No obstante, las empresas tendrán que participar con sus propios recursos en la financiación de la formación, que tendrán los siguientes niveles, como mínimo: un 5% de sus cuota de formación, en las empresas de 1 a 9 trabajadores; un 10%, hasta 49 trabajadores; un 20%, entre 50 y 249 trabajadores, y, a partir de ahí, un 40% de la cuota de formación.
En todo caso, el trabajador tiene derecho a 20 horas anuales retribuidas de formación; bien, a través de la negociación colectiva, o de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. La compañía podrá cargar este coste al crédito anual de formación para los trabajadores. El empleado tendrá una cuenta de formación en la que constará la cualificación obtenida a lo largo de su carrera laboral. Los centros que impartan la formación deberán estar debidamente acreditados ante la Administración en el Registro Nacional de entidades del sector. Los costes de organización de los cursos no podrán superar el 10% del coste de la actividad formativa, salvo en las empresas de hasta 9 trabajadores. Un 20%, hasta ese número de empleados un 20%, hasta 6 empleados.
El Gobierno ha decidido cortar por lo sano en la eterna polémica sobre las irregularidades cometidas en los fondos de formación para los trabajadores ocupados y desocupados. En consecuencia, los agentes sociales [la patronal y los sindicatos] dejan de participar en la gestión de los fondos de formación y en la impartición de la misma, como lo hacían hasta la fecha.
Así se recoge en el Proyecto de Real Decreto-ley sobre la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito Laboral. La norma será aprobada en un próximo Consejo de Ministros después de escuchar la opinión de la patronal y de los sindicatos. No obstante, el Ejecutivo pretende terminar así con los sucesivos escándalos sobre la utilización de los fondos de formación que han hecho algunas organizaciones de la patronal, los sindicatos, empresas y Administraciones.
Los presupuestos de 2015 destinaron a este capítulo 1.971 millones de euros. De esta cuantía, 936 millones se destinan a la formación de los trabajadores ocupados, mientras que los 766 millones restantes se destinan al reciclaje de los desempleados. Por eso, el Gobierno ha decidido abrir el sistema de formación a la concurrencia competitiva de todas las empresas que estén debidamente homologadas en un nuevo Registro Nacional del sector.
El Ejecutivo ha tomado esta decisión porque se propone tener tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo. Con este mismo fin, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social ha decidido crear una Unidad Especial dentro de la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude.
Igualmente declara la responsabilidad solidaria de todos los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de las ayudas, subvenciones y bonificaciones de las cotizaciones sociales. Incluso, además de la responsabilidad penal que corresponda, el defraudador no podrá volver a participar en los concursos de participación en un tiempo de cinco años.
Después de un año de discusiones, el Gobierno ha tomado la decisión de aprobar la reforma de la formación, ante la necesidad de hacerlo con urgencia y, porque no ha sido posible alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos. Éstos reclaman su participación en la gestión de los fondos pues la financiación sale de la cuota que pagan las empresas y los trabajadores.
Sin embargo, el Gobierno limita la presencia de los interlocutores sociales a la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas en la elaboración de “un escenario estratégico plurianual que se imparta en el sistema de formación”.
Igualmente declara la responsabilidad solidaria de todos los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de las ayudas, subvenciones y bonificaciones de las cotizaciones sociales. Incluso, además de la responsabilidad penal que corresponda, el defraudador no podrá volver a participar en los concursos de participación en un tiempo de cinco años.
Después de un año de discusiones, el Gobierno ha tomado la decisión de aprobar la reforma de la formación, ante la necesidad de hacerlo con urgencia y, porque no ha sido posible alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos. Éstos reclaman su participación en la gestión de los fondos pues la financiación sale de la cuota que pagan las empresas y los trabajadores.
Sin embargo, el Gobierno limita la presencia de los interlocutores sociales a la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas en la elaboración de “un escenario estratégico plurianual que se imparta en el sistema de formación”.
La actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo será sustituida por una nueva entidad de ámbito nacional, con la participación de las comunidades autónomas. Se llamará Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En ella también participarán las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos más representativas.
No obstante, el Gobierno tendrá mayoría de representantes y la fundación estará presidida por la secretaria de Estado de Empleo. Éste es un nuevo paso del Ejecutivo para estrechar el control en la gestión de los fondos de formación. El Gobierno concede. no obstante, que la negociación colectiva cree comisiones paritarias entre los empresarios y sindicatos más representativos que puedan elevar a la Fundación sus planes de formación en el sector. Un saludo.
Fuentes: Expansión.
Fuentes: Expansión.
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