Trabajar como auditor en los últimos años se ha convertido en algo bastante ingrato. Las intensas e incansables jornadas de trabajo, así como la responsabilidad a la que se enfrentan, no compensa en muchas ocasiones los altos honorarios. Y menos cuando aparece un Pescanova, Bankia o Gowex dispuesto a mermar su credibilidad y ponerle en el punto de mira de la opinión pública.
Y ha sido, quizás, con esa premisa, acompañada de una exigencia de trasponer la nueva directiva europea en materia de Auditoría y Contabilidad de Cuentas, antes de junio de 2016, con la que el Gobierno se ha lanzado a legislar en un corto plazo de tiempo la reforma de esta normativa.
Sus objetivos fundamentales eran reforzar la independencia, la transparencia y reducir la concentración en el mercado. Sin embargo, con lo que se ha encontrado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sido con un sector descontento por el procedimiento.
La rapidez con la que se ha aprobado el proyecto, la falta de diálogo con los representantes del sector, un crítico informe del Consejo de Estado y algunos puntos del texto sólo levantan polémica sobre la nueva ley.
El principal aspecto que no convence de esta norma es la cuestión de la independencia y de las sanciones.Un auditor separado de su pareja, pero todavía casado, ¿debe saber dónde invierte ésta? o, ¿dónde tiene acciones su hermano con el que hace años que no habla?
Hace unos meses, un trabajador de una firma de servicios profesionales se quejaba durante una comida de la mala imagen que tiene el auditor. Por una mala praxis, el muerto cae a toda la profesión, explicaba. En este sentido, destaca un dato publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE): en el país, se realizan alrededor de 60.000 informes de auditoría al año. ¿Realmente hemos encontrado 60.000 escándalos o son casos aislados? En esta línea, el informe del Consejo de Estado calificaba de “sumamente farragoso” el sistema de los denominados “servicios prohibidos” o incompatibilidades.
Así, señalaba que sería mucho más claro distinguir, bajo un enfoque de amenazas y salvaguardas, lo que se refiere a las situaciones de incompatibilidad derivadas de las circunstancias personales. Sin embargo, la presidenta del ICAC aclaró que nuestro sistema es de incompatibilidades desde el año 1988 y la directiva fue evolucionando hasta recoger este enfoque de amenazas y salvaguardas. Ahora conviven los dos y está más en línea con la norma de la UE.
Llama la atención que, entre la lista negra de servicios sí se permiten algunos fiscales o de valoración;–éste era uno de los puntos en el que la norma europea abría la mano y permitía que cada estado miembro adaptase según su opinión. Después de un escándalo como el de Bankia, ¿estamos seguros de querer que el mismo equipo que ha auditado las cuentas de una entidad sea la misma que autorice su OPV? Esto le costó a Deloitte 12,3 millones.
Sin embargo, para esta firma no es el fin del mundo, dado su inmenso tamaño y facturación. Pero, con el endurecimiento de las sanciones, sí puede suponer el cierre del negocio de una pequeña o mediana. ¿Deben pagar justos por pecadores? Además, si la sanción se aplicara a estas firmas, ¿podrían hacerse cargo del dinero que han hecho perder a la gente que tenía acciones en la empresa auditada? En la mayoría de los casos, no. Por eso, fuentes del sector apuntan a que habría que tener en cuenta muchos detalles técnicos que se están pasando por alto.
En cuanto a otras peticiones, la presidente del ICAC quiso aclarar tras la polémica de los últimos días que sí se ha hecho caso del documento del Consejo de Estado. Estos informes incorporan siempre dos tipos de observaciones, las esenciales (que hay que incluir en los proyectos de ley) y otras no esenciales. En este caso, hay dos observaciones esenciales que hemos cumplido y hemos incorporado y otras que no eran esenciales, que también se han añadido.
De hecho, la polémica de este informe fue provocada porque estaba fechado a jueves 12 de febrero y fue al día siguiente cuando fue aprobado en Consejo de Ministros. Esta rapidez ha caracterizado a toda la tramitación de la norma–muy motivada por las elecciones generales y ha provocado que el sector criticara que España iba a estar en desventaja con respecto a la UE, ya que la Comisión Europea está realizando una serie de encuentros para aclarar determinados puntos.
Ahora, sólo nos queda esperar para ver si la nueva norma da sus frutos y el auditor deja de ser el villano de la película, aunque por ahora el resultado es que los auditores protestan contra su propia ley. Un saludo y suerte con las cuentas....¿Cuándo estoy obligado auditar mis cuentas?
Fuentes: El Economista.
Hace unos meses, un trabajador de una firma de servicios profesionales se quejaba durante una comida de la mala imagen que tiene el auditor. Por una mala praxis, el muerto cae a toda la profesión, explicaba. En este sentido, destaca un dato publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE): en el país, se realizan alrededor de 60.000 informes de auditoría al año. ¿Realmente hemos encontrado 60.000 escándalos o son casos aislados? En esta línea, el informe del Consejo de Estado calificaba de “sumamente farragoso” el sistema de los denominados “servicios prohibidos” o incompatibilidades.
Así, señalaba que sería mucho más claro distinguir, bajo un enfoque de amenazas y salvaguardas, lo que se refiere a las situaciones de incompatibilidad derivadas de las circunstancias personales. Sin embargo, la presidenta del ICAC aclaró que nuestro sistema es de incompatibilidades desde el año 1988 y la directiva fue evolucionando hasta recoger este enfoque de amenazas y salvaguardas. Ahora conviven los dos y está más en línea con la norma de la UE.
Llama la atención que, entre la lista negra de servicios sí se permiten algunos fiscales o de valoración;–éste era uno de los puntos en el que la norma europea abría la mano y permitía que cada estado miembro adaptase según su opinión. Después de un escándalo como el de Bankia, ¿estamos seguros de querer que el mismo equipo que ha auditado las cuentas de una entidad sea la misma que autorice su OPV? Esto le costó a Deloitte 12,3 millones.
Sin embargo, para esta firma no es el fin del mundo, dado su inmenso tamaño y facturación. Pero, con el endurecimiento de las sanciones, sí puede suponer el cierre del negocio de una pequeña o mediana. ¿Deben pagar justos por pecadores? Además, si la sanción se aplicara a estas firmas, ¿podrían hacerse cargo del dinero que han hecho perder a la gente que tenía acciones en la empresa auditada? En la mayoría de los casos, no. Por eso, fuentes del sector apuntan a que habría que tener en cuenta muchos detalles técnicos que se están pasando por alto.
En cuanto a otras peticiones, la presidente del ICAC quiso aclarar tras la polémica de los últimos días que sí se ha hecho caso del documento del Consejo de Estado. Estos informes incorporan siempre dos tipos de observaciones, las esenciales (que hay que incluir en los proyectos de ley) y otras no esenciales. En este caso, hay dos observaciones esenciales que hemos cumplido y hemos incorporado y otras que no eran esenciales, que también se han añadido.
De hecho, la polémica de este informe fue provocada porque estaba fechado a jueves 12 de febrero y fue al día siguiente cuando fue aprobado en Consejo de Ministros. Esta rapidez ha caracterizado a toda la tramitación de la norma–muy motivada por las elecciones generales y ha provocado que el sector criticara que España iba a estar en desventaja con respecto a la UE, ya que la Comisión Europea está realizando una serie de encuentros para aclarar determinados puntos.
Ahora, sólo nos queda esperar para ver si la nueva norma da sus frutos y el auditor deja de ser el villano de la película, aunque por ahora el resultado es que los auditores protestan contra su propia ley. Un saludo y suerte con las cuentas....¿Cuándo estoy obligado auditar mis cuentas?
Fuentes: El Economista.
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